Una sentencia da la razón al
Sindicato Andaluz de Funcionarios, que pleiteó contra la Consejería para la Igualdad
Nuevo revés
judicial para la Junta
de Andalucía relacionado con la función pública. El Supremo ha dictado una sentencia
firme por la que anula los 14
puestos de personal laboral, creados por la extinta Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, que se
podrían haber cubierto por funcionarios.
El Sindicato
Andaluz de Funcionarios (SAF), según
ha informado en un comunicado, recurrió la modificación de la relación de
puestos de trabajo (RPT) de la antigua Consejería de Igualdad y Bienestar
Social, Decreto 3002/2007, en la cual se creaban 14 puestos de trabajo para personal
laboral, cuando existían
cuerpos de funcionarios públicos para poder realizar dichas funciones.
El Tribunal Supremo, en sentencia firme de 21 de diciembre de
2012 y condenando en costas a la
Junta de Andalucía, anula
la creación de dichos puestos ya que el carácter general establecido legalmente
(artículo 15.1.c de la Ley
30/84, como el artículo 12.2 de la
Ley 6/85) ha de imponerse que el personal de la función
pública quede sujeto al sistema funcionarial, reservándose el laboral a categorías
de puestos determinados con carácter excepcional.
Pero para el Supremo, asegura SAF, esta justificación no supone que se
motive el carácter de laboral de los puestos de trabajo, ya que una
referencia genérica a la reestructuración de la RPT con la creación de nuevos puestos, pero no
existe referencia concreta a cada puesto de trabajo, con las funciones propias
atribuidas y la justificación de que, ante
el requerimiento de conocimientos técnicos especializados, o existan Cuerpos de funcionarios
cuyos miembros tengan la preparación específica para su desempeño. Precisamente
esta falta de motivación y justificación determina su anulación definitiva.
Esta sentencia, asegura SAF, vuelve a poner sobre la mesa
"la dificultad que parece suponer al Gobierno andaluz construir una función pública que no
esté al servicio de intereses individuales y políticos. La gestión económica y
la política de empleo de la
Junta -añade- se alejan de una Administración pública
transparente, independiente, en la que su actividad esté sometida al imperio de
la Ley y donde
los garantes de los derechos de los ciudadanos sean los funcionarios públicos.
Una clara muestra es la ley del enchufismo, que día a día está siendo derribada
por las innumerables sentencias en su contra".
http://www.abcdesevilla.es/andalucia/20130131/sevi-supremo-anula-laboral-201301310955.html#.UQo-oDQTLcA.twitter
